¿Qué está pasando con las apps de limpieza en España?
El modelo de la ‘gig economy’ sigue tambaleándose y sus distintos pilares caen poco a poco. La regulación para defender a quienes ‘trabajan’ para estas plataformas está llevando a que muchas propuestas no puedan hacer frente a los nuevos marcos legales.
El debate se ha centrado durante mucho tiempo en el turismo o en el delivery, pero también ha salpicado a las apps de servicios domésticos. Después de una década y un sinfín de propuestas, ya empiezan a quedar pocas que sigan operando en nuestro país. Podemos decir que se está haciendo una ‘verdadera limpieza’ en el sector y que hay jugadores importantes que han sido ‘barridos del mapa’.
El caso más reciente es el de Clintu, que ha entrado en concurso de acreedores y ha comunicado el cese definitivo de su actividad, según recoge La Vanguardia. La empresa acumulaba una deuda de 2,8 millones de euros, de acuerdo al Registro Público Concursal. Y dado que no tenía prácticamente activos, no ha podido responder frente a los acreedores.
Hace unos meses la compañía ya enviaba a sus usuarios un aviso por correo electrónico informando de que el servicio seguiría operativo hasta el 31 de marzo, siendo el 1 de abril la fecha definitiva de clausura.
En ese mensaje, Clintu agradecía la confianza de los usuarios y explicaba que el cierre se producía por “motivos completamente ajenos a nosotros”, sin ofrecer más detalles. También proponía facilitar el contacto directo entre clientes y profesionales para que la relación pudiera continuar fuera de la plataforma, una fórmula habitual en este tipo de salidas del mercado.
La empresa, fundada en 2014 por Álex Espel, llegó a operar en más de 50 ciudades españolas con servicios de limpieza doméstica, empresarial y otros trabajos del hogar. Durante años fue uno de los referentes del sector de servicios a domicilio digitalizados en España.
Un modelo tensionado desde el plano laboral
Más allá del cierre, Clintu arrastraba desde hace tiempo un frente jurídico que ilustra bien las tensiones estructurales del sector. En 2023, la compañía fue condenada a pagar 1,29 millones de euros a la Seguridad Social tras una demanda presentada por 505 trabajadoras.
El Juzgado de lo Social nº 15 de Barcelona consideró probado que no se trataba de una mera intermediaria digital, sino de una empresa que organizaba el trabajo, fijaba condiciones, gestionaba cobros y daba instrucciones directas sobre la prestación del servicio. Es decir, que existía una relación laboral encubierta.
Este tipo de sentencias no son un caso aislado en el ecosistema de plataformas digitales. En los últimos años, distintos tribunales en España y Europa han ido analizando modelos similares -especialmente en el ámbito del reparto y los servicios a domicilio- con conclusiones cada vez más consistentes: cuando la plataforma ejerce control efectivo sobre el trabajo, no puede considerarse un simple marketplace.
Aunque en el caso de Clintu no existe confirmación oficial de que esta resolución esté directamente relacionada con su concurso de acreedores y su cierre, sí forma parte del contexto que ha acompañado a la compañía y que afecta de forma estructural a todo el sector.
MyPoppins se fue volando
Porque el caso de Clintu no ha sido el único. Su adiós sigue al de otra competidora, que se fue ‘a negro’ hace un par de años. Hablamos de MyPoppins, quien en 2024 también entró en concurso de acreedores y su sociedad quedó extinguida. Esta dejó de deuda un millón de euros.
La principal razón de su cierre fue su falta de ingresos. Y es que en sus 7 años de vida solo llegó a generar unos 1,3 millones de euros de facturación total, una cifra ridícula para una startup con una infraestructura tecnológica, inversión para captar usuarios (el marketing cuesta lo suyo) y operaciones en varias ciudades españolas, además de en México.
Previamente a su clausura, la startup barcelonesa había sido criticada por CC.OO y otros sindicatos por tener a las limpiadoras como falsos autónomos. Nada nuevo bajo el sol.
Según estas denuncias, aunque las empleadas del hogar se registraban como profesionales independientes, la plataforma ejercía un papel central en la organización del trabajo. Era la propia aplicación la que asignaba servicios, gestionaba la intermediación con los clientes, establecía condiciones de acceso a los encargos y articulaba el sistema de valoraciones. Para los sindicatos, este tipo de estructura generaba una relación de dependencia que iba más allá de una simple intermediación tecnológica. Igualito que con Clintu.
Otro de los puntos señalados por CC.OO era la precarización de las condiciones laborales. Se advertía de que, una vez descontadas comisiones y costes asociados, los ingresos efectivos por hora podían ser relativamente bajos, y que el sistema de valoraciones introducía presión adicional sobre las trabajadoras. Un mal comentario o una baja puntuación podía suponer menos acceso a trabajos futuros, lo que, según estas organizaciones, reforzaba una dinámica de subordinación indirecta a la plataforma.
Si nos remontamos unos cuantos años atrás tenemos el caso de Helpling, aunque su abandono de España se dio hace más de una década y sus motivos fueron otros. Un año después de lanzarse en el mercado ibérico la compañía se fue de aquí, cerrando también sus negocios de Brasil, Suecia y Canadá y despidiendo al 20% de su plantilla. Este cambio de rumbo para Helpling se dio porque su poseedora, Rocket Internet, quería centrarse en mercados que le ‘rentaban’ más.
Las supervivientes
Pese a estas salidas del mercado, todavía existen players dentro del ecosistema, como Domestina, una webapp para escoger servicios muy específicos de limpiezas (de fin de obra, de fin de alquiler, de horno, de baños, de cristales…)
No obstante, también hay algunos de ellos no están enfocados exclusivamente en la limpieza, sino que abren la mano a otros profesionales como manitas, masajistas, etc. Aquí podemos citar a Homerd, Oscar o Webel.
Esta última cerró una ronda de 4,3 millones de euros el pasado mes de marzo, liderada por Trind Ventures. Ante la operación, la compañía aseguraba haber experimentado un crecimiento interanual de 2,5 veces y haber triplicado su rentabilidad por cliente. Webel opera en una treintena de ciudades españolas, tiene más de 2 millones de usuarios y unos 350.000 profesionales registrados. ¿Tendrá que contratarlos a todos?
Qué pasará en el futuro
El futuro del sector de las apps y plataformas de limpieza a domicilio en España está cada vez más condicionado por la regulación laboral y, en concreto, por la misma lógica que ya ha transformado el reparto de comida con la llamada Ley Rider.
En los últimos años, la tendencia normativa en España ha sido clara: cuando una plataforma digital organiza el trabajo, asigna servicios y fija precios la Inspección de Trabajo tiende a considerar que existe una relación laboral encubierta y no una mera intermediación entre autónomos. Esto implica que las empresas deben dar de alta a los trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social, con todos los derechos asociados.
Este criterio no se limita ya al reparto de comida. Aunque la Ley Rider se diseñó inicialmente para repartidores, su interpretación y la evolución normativa europea están empujando a que el mismo enfoque se aplique progresivamente a otros sectores, como limpieza, cuidados o servicios domésticos.
En la práctica, esto significa que el modelo clásico de marketplace puro (donde la app solo conecta oferta y demanda y los trabajadores son autónomos) se está volviendo cada vez más difícil de sostener cuando existe un cierto grado de control operativo. En sectores como la limpieza, donde hay planificación, asignación de servicios, estándares de calidad y relación continuada con clientes, el riesgo de que se considere relación laboral es especialmente alto.
Así, las apps de limpieza que sobreviven tienen hoy solo dos opciones posibles. Pueden reducir su actividad o desaparecer, como ha ocurrido con Clintu o MyPoppins, o bien abandonar el modelo de economía colaborativa tal y como se había planteado inicialmente. Su única salida pasa reconvertirse en empresas de servicios tradicionales, con trabajadores contratados directamente, como ha ocurrido con Glovo. Esta última opción implica asumir mayores costes laborales, pero también reduce de forma significativa la exposición a riesgos legales, inspecciones y posibles sanciones económicas.
Alberto Payo
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