España podría suspender temporalmente TikTok por su inacción ante una red de pederastia

El Ministerio de Juventud e Infancia ha trasladado a la Fiscalía General del Estado una investigación que denuncia la presencia de material de abuso sexual infantil en TikTok, planteando abiertamente la posibilidad de suspender de forma temporal los servicios de la plataforma en territorio español.

La medida surge a raíz de una exhaustiva investigación periodística que revela fallos graves y sistemáticos en los mecanismos de control, moderación y respuesta de la red social ante la difusión de contenidos ilegales.

La alerta principal proviene de un informe de Maldita.es, en el que se llegaron a documentar 1.183 publicaciones explícitas de abuso sexual infantil distribuidas en 231 perfiles, acumulando cerca de 48 millones de visualizaciones.

La investigación —realizada entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre— identificó además una red extendida de aproximadamente 26.000 cuentas sospechosas vinculadas a la promoción o intercambio de este tipo de material, detectando una importante concentración de actividad en español (7.725 perfiles), así como en países como Tailandia, Vietnam, Birmania y Rusia.

No solo albergaron contenido, sino que tampoco lo eliminaron

Ante la gravedad de los hallazgos, la cartera que dirige Sira Rego remitió formalmente las actuaciones a la Fiscalía para que determine las responsabilidades penales e inicie las medidas cautelares oportunas.

Paralelamente, el Ministerio ha convocado de urgencia a la directiva de TikTok España para exigir explicaciones sobre el funcionamiento de sus filtros automáticos y humanos. En el momento de escribir este artículo la red social china todavía no se había pronunciado públicamente sobre el asunto.

Parece que la plataforma no solo utilizó su servicio como escaparate para derivar tráfico hacia aplicaciones de mensajería como Telegram, WhatsApp o Zangi, sino que mostró una respuesta deficiente tras las alertas. De una muestra denunciada de 50 vídeos (con 8,8 millones de reproducciones), la empresa eliminó inicialmente solo el 10 % e ignoró o rechazó en primera instancia el 64 % de las notificaciones.

El caso coloca a la compañía frente a un posible incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (DSA), normativa que impone obligaciones estrictas de moderación y gestión de riesgos sistémicos a las grandes plataformas bajo amenaza de sanciones financieras de hasta el 6 % de
su facturación global anual.

A la vía administrativa y a la actuación del Ejecutivo se suma la acción judicial promovida por Maldita.es junto al despacho Cremades & Calvo-Sotelo, que han presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de Criminalidad Informática para esclarecer la posible comisión de delitos de distribución de material abusivo y omisión del deber de protección a menores.

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